El proceso de interconexión eléctrica entre Panamá y Colombia avanza en medio de un esfuerzo paralelo del Estado por reducir las brechas de acceso a la electricidad en zonas rurales y comarcales, una tarea en la que la Oficina de Electrificación Rural (OER) juega un papel fundamental antes del inicio de la fase de construcción del proyecto, prevista para el segundo semestre del año.
El ingeniero Antonio Clement, director general de la OER, mencionó que el país cuenta con la capacidad energética suficiente para suplir la demanda local e internacional; no obstante, reconoció que es necesario que todas las comunidades cuenten con electricidad antes de comenzar la obra para evitar especulaciones en la población.
La institución, en ese sentido, ha participado en las reuniones de coordinación que lleva a cabo el Ejecutivo con los originarios para conocer sus necesidades y atenderlas lo más rápido posible, priorizando las áreas de mayor vulnerabilidad y afluencia de personas como escuelas, centros de salud y casas comarcales.
Clement aclaró que estos trabajos no se desarrollarán en función del permiso de paso para la interconexión con Colombia, pues estaban contemplados desde antes de que el Gobierno tomara la decisión de continuar con el proyecto; por lo tanto, solo han agilizado sus planes.
"Nosotros, con o sin interconexión, mantendremos nuestro norte de ayudar a las áreas más vulnerables del país", afirmó..
Explicó que la labor de la OER en torno al proyecto será garantizar el servicio en las áreas por las que pasará la conexión a través de la instalación de líneas eléctricas, sistemas solares y fotovoltaicos, para lo cual se necesitará el apoyo de otras instituciones como el Ministerio de Obras Públicas en la construcción de carreteras que faciliten la entrada de materiales a la zona.
El funcionario reiteró que su prioridad serán los espacios en los que se concentra la mayor cantidad de pobladores hasta conseguir una cobertura eléctrica del 100%.
"Nuestra oficina cumplirá con lo que le corresponde, que es llevar luz a las comunidades más precarias", dijo.
Aunque en un principio los originarios rechazaban el proyecto, tras varios encuentros con representantes del Ejecutivo, han cambiado de opinión; no obstante, solicitan la construcción de una carretera que conecte la Panamericana con Mulatupu, el traslado de la Escuela Asnati y la electrificación de 370 hogares en las comunidades de Nurra, Mortí, Ualá y Sassardi-Mulatupu.
Las autoridades señalaron que, en las próximas semanas, se reunirán con representantes de Alto Bayano para continuar ideando la ruta de trabajo que facilitará el desarrollo de la obra, que se estima tendrá un costo de 800 millones de dólares.
Detallaron que el cierre de este proceso de consultas será durante el mes de marzo en el Congreso Extraordinario de Guna Yala; mientras tanto, se discutirá el proceso de remuneración a las personas afectadas.
